Corte Constitucional cita a una audiencia pública sobre la protección a líderes sociales

Ya son 18 tutelas las que piden declarar una violación masiva de los derechos fundamentales de líderes sociales y ambientales por la falta de garantías que tienen para ejercer su labor. Es por esto que el alto tribunal citó el 28 de abril a varias entidades del Gobierno, así como a organizaciones sociales para indagar sobre la situación de seguridad de estas personas que cumplen un rol esencial en sus comunidades, el país y la democracia, lo que se ha hecho para evitar que continúen atentando contra su integridad y qué tan efectivas han sido y son esas medidas.

Aún la Corte está evaluando la sentencia que evidencia que el estado de cosas es inconstitucional en la protección de los excombatientes de las Farc y el alto tribunal estudia si va volver a utilizar esta figura. En esta ocasión, también estudia la situación de seguridad de 18 personas de todo el país, dedicadas a hacer trabajo ambiental, social, político y estudiantil y  terminan amenazadas o agredidas. Y si bien, en algunos casos la Unidad Nacional de Protección les ha asignado esquemas de seguridad, aseguran que no es suficiente.

Los casos de los 18 líderes que llegaron ante la Corte reúnen, en su mayoría, seis características. “Las amenazas y los atentados no disminuyen; los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial; o no son suficientes para proteger sus vidas; la protección que les asignan impacta negativamente las colectividades que representan; no hay políticas contra la estigmatización de la cual son víctimas. Y, por último, la Fiscalía no investiga de manera célere, eficaz y adecuada las amenazas en su contra”, asegura El Espectador. 

“Primero, es necesario conocer la situación actual respecto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad de los líderes sociales. Segundo, es indispensable precisar el alcance de la política pública en materia de protección de la población líder y defensora de derechos humanos (…). Tercero, es imperioso contar con información que permita valorar la efectividad de las rutas de protección y de las medidas (…). Cuarto, los hechos planteados por los accionantes exigen conocer la relación entre la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y el Acuerdo de Paz”, le dijo el magistrado José Fernando Reyes, que está al frente del caso, al mismo medio de comunicación. 

Las entidades citadas son: la UNP, así como su Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas, el Ministerio del Interior, el de Hacienda y la Gobernación del Cauca. La Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría también estarán presentes. Así como la organización Dejusticia, que representa a 10 de los líderes. Estará asimismo uno de los demandantes, que es un reconocido líder indígena, la organización Somos Defensores, Human Rights Watch y la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. También asistirán a la cita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz.