
Aprobada la Ley Integral Trans o 'Ley Sara Millerey', en primer debate
El proyecto de la Ley Integral Trans o "Ley Sara Millerey" fue aprobado en primer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Así, la iniciativa garantiza su continuidad en la próxima legislatura y se salva de ser archivada por falta de tiempo, ya que debía pasar el primer debate antes de este 20 de junio, cuando concluyen las sesiones ordinarias del tercer año del Congreso.
El avance en Comisión ocurre tras un monumental esfuerzo de construcción colectiva liderada por la Plataforma Ley Integral Trans Ya (PLIT), una alianza de más de 100 activistas y organizaciones que han desarrollado el articulado con base en consultas nacionales, laboratorios jurídicos y encuentros comunitarios.
El proyecto, presentado oficialmente el 31 de julio de 2024, recoge las demandas históricas de justicia, acceso a derechos y autodeterminación de las personas trans y no binarias en Colombia.
¿Qué propone la Ley Integral Trans?
La ley busca reconocer el derecho a la identidad de género sin requisitos médicos o judiciales, garantizar el acceso igualitario a salud, educación, trabajo, justicia y vivienda; establecer políticas públicas contra la violencia hacia personas con experiencia de vida trans, incluir acciones afirmativas con enfoque diferencial para poblaciones rurales, víctimas del conflicto y personas con discapacidad.
Además, el proyecto se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Constitucional, que han reconocido la identidad de género como un derecho fundamental.
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También se busca el reconocimiento legal de identidades de género, con la modificación de documentos en la Registraduría que incorporen la variable de identidad de género.
Qué sigue ahora
El proyecto continuará su trámite legislativo a partir del 20 de julio de 2025 en la Plenaria de la Cámara, una vez se instale la próxima legislatura. Si se aprueba en esa instancia, pasará al Senado, donde deberá surtir nuevamente dos debates: en la respectiva Comisión y en Plenaria. Solo tras esa ruta podrá llegar a conciliación y eventual sanción presidencial.
Aunque este avance legislativo es limitado en términos prácticos —no se logró llegar a plenaria en esta legislatura—, representa un respaldo político clave para que el proyecto no sea archivado automáticamente y pueda continuar su curso en el segundo semestre del año.