Indígenas y comunidades afro piden medidas ante la expansión del virus

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), teniendo en cuenta los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS) en los que se ha ido confirmando la presencia de casos de personas con coronavirus en el país, decidió establecer un rango de 15 kilómetros  -en un principio de 10 kilómetros- para monitorear la situación de riesgo de las comunidades indígenas. 

Teniendo en cuenta la manera como el contagio ha ido pasando de ciudades capitales, a centros urbanos y pequeños poblados, ya cercanos a los asentamientos de varias comunidades, este Sistema de Monitoreo Territorial busca anticipar la respuesta de contención ante el patrón espacial de la pandemia,  fortalecer sus medidas de autoprotección y control territorial.

Según el último boletín de la ONIC, publicado el 1 de abril, acorde con el Sistema de Monitoreo Territorial implantado, existen alrededor de “115.774 familias indígenas - 5% más que en boletín número 4 publicado el 31 de marzo- susceptibles de ser afectadas en el corto plazo en caso de continuar el patrón de contagio espacial del virus y la imposibilidad de contenerlo”. 

Pero el citado documento no solo se preocupa por el alto nivel de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en sus territorios de asentamiento, pues debido a factores asociados al conflicto armado, desastres naturales, necesidades de educación, salud o búsqueda de trabajo e ingresos, personas de las diferentes etnias también hacen presencia en las principales ciudades del país. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, hay alrededor de 400.087 habitantes indígenas en cabeceras municipales y ciudades principales, es decir un 21% del total de su población.

A esto hay que sumarle que los indígenas en ciudades como Bogotá -alrededor de 18.975 -, Santiago de Cali - alrededor de  9.001-, o Medellín -alrededor de 2.035-, tienen en riesgo su pervivencia cultural y suelen encontrarse en condiciones económicas precarias o de pobreza, además de sufrir la discriminación estructural tanto de la sociedad civil como de las instituciones.

Por el momento, en lo que tiene que ver con sus territorios, la ONIC señala que “el 87% de los reportes señalan que la etapa de aislamiento en los territorios se ha  asumido por los comuneros indígenas en armonía con las autoridades y la guardia”. Solo se han señalado desórdenes o alteraciones en el 14% de los reportes, donde explican que algunos de los comuneros quieren continuar sin restricciones de movilidad en el territorio, en parte debido al incremento de costos en algunos alimentos perecederos y la falta de implementos básicos para higiene y aseo. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) reportan que “los más de 90 barcos de cabotaje que movilizan personas, alimentos, medicinas y madera en el Litoral Pacífico, desde el 24 de marzo, no han zarpado del puerto de Buenaventura”, por lo que las comunidades indígenas y negras ya sienten el desabastecimiento. Desde el mismo 23 de marzo pidieron al Gobierno Nacional implementar medidas, entre ellas el subsidio al combustible, para que los barcos puedan zarpar, sin obtener respuesta hasta la publicación de dicho comunicado. Declaran además que la región no está preparada para atender a los posibles contagiados.

De la misma manera, estas y otras organizaciones, en representación de los Pueblos Indígenas, Negros, Afros, Raizales y Palenqueros, escribieron una carta al presidente Duque. Algunos de los puntos que piden en la carta son: la coordinación permanente entre autoridades étnico-territoriales y el gobierno para dar respuesta a la pandemia; capacitación al personal médico de las etnias; dotación para las casas y centros de salud; adaptación de infraestructura para atender a la gente -ponen a disposición las propias-; disposición de ambulancias aéreas, terrestres, acuáticas; solicitud de cooperación humanitaria a otros países como Cuba.