La libertad por vencimiento de términos de Johnatan Hernández (Electric Mistakes) y la revictimización

Esta semana se conoció la noticia de la libertad por vencimiento de términos de Johnatan Hernández, líder de la extinta agrupación bogotana Electric Mistakes, quien fue capturado en julio de 2023 tras las acusaciones de violación formuladas por cinco mujeres y múltiples denuncias de abusos que se hicieron públicas, principalmente, a través de redes sociales.

El tema reabrió un debate profundo sobre impunidad, justicia tardía y revictimización, especialmente en procesos judiciales relacionados con violencias basadas en género.

El caso tuvo uno de sus momentos de mayor debate público en 2022, cuando Natalia Gordillo, exintegrante de la agrupación, relató de manera detallada las dinámicas de manipulación, abuso psicológico, violencia y control ejercidas por Hernández, quien en ese momento encabezaba uno de los proyectos más visibles y prometedores de la escena musical bogotana. A partir de ese testimonio, otras mujeres comenzaron a hablar, a reconocer patrones y a narrar experiencias similares que hasta entonces habían permanecido en silencio.

¿Por qué denunciaron a Johnatan Hernández de Electric Mistakes?

Luego de la primera denuncia pública, Veronika Zurita, exintegrante de la agrupación, y Mariana Ordóñez también hicieron públicos, mediante un video y un testimonio escrito, que interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos abusos cometidos por Johnatan Hernández, lo que permitió identificar un patrón reiterado de violencia.

Los tres testimonios coinciden en que, tras ingerir alimentos o bebidas suministradas por él, las denunciantes experimentaron malestar físico, pérdida de memoria y episodios de inconsciencia. Según las acusaciones, estos estados habrían sido provocados por la alteración de la comida con sustancias farmacéuticas como clonazepam, hechos que actualmente hacen parte de la investigación.

Conoce el contexto de este caso: El caso Electric Mistakes: cronología de las denuncias de presunto abuso

Para muchas de las mujeres que denunciaron, hacer públicos los hechos implicó revivir episodios profundamente traumáticos, además de exponerse al escrutinio público, al cuestionamiento permanente y a distintas formas de violencia digital. En suma, esto ha configurado un escenario de revictimización que se profundiza con la libertad por vencimiento de términos de Hernández, al instalarse el mensaje de que incluso cuando se denuncia, el sistema puede fallar sin consecuencias reales.

Si bien este hecho no equivale jurídicamente a una absolución, en la práctica deja una fuerte sensación de impunidad, no solo para las denunciantes de este caso, sino para miles de mujeres que observan cómo los procesos judiciales se dilatan hasta agotarse por la vía administrativa. La carga vuelve a recaer, una vez más, sobre las víctimas: sostener la denuncia, resistir el desgaste emocional y enfrentar la ausencia de una justicia oportuna frente a violencias de extrema gravedad.

Vencimiento de términos y fallas estructurales del sistema judicial colombiano con las mujeres

Para Lisetd Quiroga Vivas, abogada y especialista en derecho penal con experiencia en el trabajo con organizaciones de mujeres, este caso evidencia una de las fallas más graves y persistentes del sistema judicial colombiano. El vencimiento de términos, explica, se ha convertido en un obstáculo estructural especialmente crítico en los casos de violencias basadas en género.

Desde su análisis, el problema no aparece al final del proceso, sino desde el inicio. A las mujeres no se les garantiza de manera efectiva el debido proceso, un derecho constitucional que debe regir toda actuación judicial. Cuando los procedimientos se dilatan hasta llegar al vencimiento de términos, se vulnera directamente ese derecho y se consolida un escenario de revictimización institucional.

Quiroga recuerda que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado reiteradamente sobre la obligación de los operadores judiciales de actuar con debida diligencia y con enfoque de género.

“Las altas cortes han sido claras en señalar que cuando fiscales, jueces y demás funcionarios no actúan de manera eficaz, se vulneran los derechos de las mujeres y se reproduce la violencia desde la propia institucionalidad”.

El enfoque de género, insiste la abogada, no es opcional ni retórico. Implica reconocer que las mujeres son sujetas de especial protección constitucional y que estos casos deben tener prioridad real en la investigación, el juzgamiento y la sanción. Cuando esa prioridad no se materializa, se envía un mensaje de permisividad frente a la violencia de género.

En ese sentido, la abogada advierte que el sistema judicial colombiano continúa operando bajo lógicas patriarcales, visibles tanto en las decisiones como en los procedimientos. Las dilaciones administrativas, la falta de enfoque diferencial y el incumplimiento del debido proceso configuran lo que la jurisprudencia ha denominado violencia institucional.

El vencimiento de términos, en estos casos, no es un accidente técnico inevitable. Es una forma concreta de negación del acceso a la justicia. Al no garantizarse una investigación diligente ni una sanción efectiva, se profundiza la impunidad y se refuerza la idea de que la violencia contra las mujeres no tiene consecuencias jurídicas reales. El mensaje social es devastador: se puede violentar con impunidad.

Impunidad en casos de violencia de género: un precedente preocupante

Este caso se inscribe en un contexto estructural de impunidad frente a las violencias sexuales y de género en Colombia. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, a noviembre de 2025 se registraron 342 feminicidios, lo que equivale a más de un feminicidio diario y a un incremento del 6,5 % frente al mismo periodo del año anterior. 2024 fue el año con más feminicidios en la última década.

De acuerdo con ese mismo observatorio, Antioquia es el departamento con mayor número de casos, con 49, seguido de Bogotá, con 42, y Valle del Cauca, con 28. Aunque al contrastar estas cifras con la densidad poblacional el departamento se ubica en el puesto 19, las autoridades reconocen que la situación sigue siendo profundamente preocupante.

Las cifras de la Fiscalía General de la Nación refuerzan este panorama. A noviembre de 2025 se registraron 234 noticias criminales por feminicidio. De estas, solo cuatro casos han llegado a ejecución de penas. En términos concretos, el 98 % de los feminicidios registrados en 2025 permanecen en la impunidad.

Si bien el caso de Hernández no corresponde jurídicamente a un feminicidio, se ubica en una zona de altísimo riesgo, donde la violencia sexual, la instrumentalización del cuerpo de las mujeres y la impunidad institucional configuran escenarios de extrema gravedad. No se trata de hechos aislados ni de “excesos” individuales, sino de prácticas sistemáticas que ponen en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.

En este contexto, la libertad por vencimiento de términos en un caso tan visible no puede leerse como un hecho aislado. Es la expresión de un sistema de justicia que falla de manera reiterada en garantizar verdad, justicia y reparación, y que, por acción u omisión, termina protegiendo a los presuntos agresores mientras exige a las mujeres una resistencia casi infinita para sostener denuncias que el propio Estado no logra tramitar con la urgencia que exige la gravedad de estos crímenes.