Causa Justa advierte irregularidades en la iniciativa de referendo antiaborto

Desde abril de 2022 el Movimiento Causa Justa ha monitoreado de manera detallada la iniciativa de referendo en contra del aborto, llamada Referendo por la Vida, presentada ese mismo año por la exconcejala de Bogotá y miembro de la Misión Carismática Internacional, Sara Castellanos. Esta busca modificar el artículo 11 de la Constitución afectando el derecho a la salud de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Dentro del seguimiento e investigación que se hizo del proceso, se encontraron constantes irregularidades sobre este mecanismo de participación ciudadana, vacíos procedimentales y opacidad e inconsistencias en la actuación de instituciones públicas, afirma el movimiento. 

Por este motivo, este alertó sobre el peligro de hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana para cuestionar principios y valores de la Constitución colombiana como la dignidad humana y el derecho fundamental a la salud, que incluye el derecho a la salud reproductiva, del cual el aborto es un componente. La imposición de restricciones al acceso al aborto trae consigo el riesgo de aumentar su práctica en condiciones inseguras, poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres y vulnerando su libertad de conciencia, lo que significaría un retroceso a los avances logrados luego de la Sentencia C-055 de 2022.

“Es inconstitucional pretender desconocer la dignidad humana, principio de nuestra Constitución, y es oportunista que grupos opositores de los derechos reproductivos y de las mujeres usen un mecanismo de participación como un referendo para limitar derechos fundamentales y atacar a grupos históricamente discriminados”, afirmó Juliana Martínez secretaria técnica del Movimiento Causa Justa.

El listado de irregularidades destaca: fallas en los procedimientos, vulneración del principio de transparencia e incumplimiento al derecho de acceso a la información.

Frente a las fallas en los procedimientos, este movimiento afirma que el CNE autorizó injustificadamente una prórroga de tres meses para que se siguiera recogiendo firmas a pesar de que la solicitud no cumplía los requisitos legales. La prórroga se justificó bajo las condiciones climáticas por el fenómeno de La Niña, pero no se identificó que se tratase de un evento de fuerza mayor.

Frente a este hecho un grupo de abogados presentó una acción de nulidad contra la resolución que autorizaba la prórroga, pero esta fue rechazada por el Consejo de Estado al considerarlo como una decisión administrativa de trámite que no podía ser objeto de controversia ante los jueces. Sentando un precedente sobre la definición de la fuerza mayor en los procesos de recolección de firmas a partir de argumentos que son cuestionables y dejando las decisiones del CNE fuera del control judicial. 

Luego, en cuanto a la vulneración del principio de transparencia, explican que durante el seguimiento a la iniciativa de referendo en contra del aborto, se encontró que la Registraduría tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor desde el 16 de marzo de 2022 y que fue divulgada en agosto del mismo año. Adicionalmente, el CNE no publicó en la página web de la entidad la prórroga del plazo de recolección de apoyos a la iniciativa de referendo. 

Sumado a esto en el seguimiento se evidencian contradicciones y engaños con la entrega de casi un millón de firmas a la Registraduría, de acuerdo con las afirmaciones del movimiento 180 que impulsa la iniciativa. En marzo de 2023 el director del Censo Electoral, Roberto Cadavid, negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento; sin embargo, el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que el acta de recibo estaba firmada con fecha de septiembre de 2022 por Cadavid, sin que todavía se encontrara publicada. 

Sobre el incumplimiento al derecho de acceso a la información, por su parte, se afirma que en el proceso de monitoreo y seguimiento se contaron con múltiples dificultades para acceder a la información por parte de la Registraduría y el CNE, obteniendo respuestas tardías, incompletas o evasivas que vulneran el derecho a la información de carácter público, del que depende la participación ciudadana y el control sobre decisiones que deben estar abiertas al escrutinio público.

Una alerta más es que al día de hoy no se conoce de la entrega de los estados contables de la iniciativa, que debían ser presentados a más tardar el 16 de agosto del presente año. En esa misma línea, se ha verificado que algunas personas que fueron invitadas a firmar lo hicieron bajo información engañosa y confusa, por ejemplo, diciéndoles que era una iniciativa para "que no aprueben el aborto", "para que se les permita a los bebes nacer" o afirmando que "cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses”. 

Por estas razones, el movimiento Causa Justa hizo un llamado a las autoridades electorales para considerar cuidadosamente estos indicios que erosionan la legitimidad de la iniciativa y a otras autoridades públicas para analizar los efectos perjudiciales que ponen en juego la democracia. También llamó a los y las líderes de opinión y a la ciudadanía en general para que levanten su voz y hagan veeduría a estos entes y al comité que lidera esta iniciativa de referendo contra el aborto que no ha cumplido con el principio de transparencia y ha recogido sus firmas con información falsa.