Causa Abierta denunció violaciones a los derechos sexuales y reproductivos
Por: Radiónica
El pasado 2 de julio se llevó a cabo el evento Causa Abierta, en el marco de la V Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se realiza en la ciudad de Cartagena del 3 al 4 de julio. Este es un espacio de reflexión y debate, convocado por la Articulación Feminista Marcosur (AFM) para llamar a los Estados al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo.
Causa Abierta es un espacio de discusión y deliberación política para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes en la región, con el objetivo de contribuir a la reducción de la impunidad, la reparación de las víctimas y la no repetición de dichas vulneraciones.
Durante el evento se presentó el estudio Por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina, elaborado por Ana Cristina González, doctora en medicina, máster en Investigación Social en Salud y doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva. El documento analiza los casos presentados por organizaciones y redes feministas de la región e incluye un balance de las recomendaciones hechas hasta la fecha.
El panel de personas expertas se pronunció sobre los incumplimientos de los Estados a los compromisos internacionales relacionados con el tema, recomendando, a su vez, las medidas del Consenso de Montevideo que deberían guiar las acciones de los gobiernos en cada caso. El espacio contó con la presencia de delegados oficiales de Brasil, Guatemala y Honduras.
Algunos de los casos fueron:
En el caso de Celia, las consecuencias de las limitaciones establecidas al aborto por la causal violación siguen vigentes en el Ecuador. No obstante, se han logrado algunos avances vía demandas de inconstitucionalidad o solicitud de medidas cautelares:
- Se suspendió la ecografía como requisito de acceso al aborto por violación.
- Se modificó el proceso de objeción de conciencia.
- Se suspendieron requisitos inadecuados para el consentimiento en salud.
- Se suspendieron las normas que obligaban al personal de salud a denunciar por aborto consentido.
- Se suspendieron los artículos que penalizaban al personal de salud por infanticidio, manejo de prematuros extremos con muerte o por manejo de restos.
En el caso de las 41 niñas que murieron quemadas en Guatemala, siete años después se han tenido 10 audiencias donde se han atendido 23 informes, peritajes, pruebas y testimonios de familiares de las 41 víctimas y de las familias de las 15 sobrevivientes. No obstante, las bancadas mayoritarias del Congreso de la República no han querido hacer un llamado al sistema de justicia para agilizar el caso, y algunos funcionarios han conseguido medidas sustitutivas a la cárcel, beneficiándose del arresto domiciliario. Todo el proceso, como reportan las redes y organizaciones, ha estado marcado por un litigio malicioso, que pospone de manera continua las audiencias.
El caso de la prohibición de la enseñanza con enfoque de género en Paraguay se ha agravado. El Estado no derogó la prohibición de la teoría de género en la educación, sino que en el 2022 se emitió una resolución que prohibió la guía para docentes de educación permanente, elaborada por la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Py). El único tipo de educación de la sexualidad permitido en escuelas y colegios públicos, la imparte la ONG “Decisiones”, que con anuencia y apoyo del MEC brinda información sin rigor científico y profundamente discriminatoria.
En el caso de Brasil sobre mortalidad materna durante la pandemia, no se han logrado mayores avances y de hecho, el Ministerio de Salud reversó una nota técnica por presión de los grupos conservadores. Como resultado, el Conselho Federal de Medicina emitió la Resolución 2378 del 2024 que genera mayores dificultades para el acceso al aborto legal.
En el caso de la Educación sexual integral en Honduras, no se ha registrado avance alguno. El gobierno se mantiene en silencio después del veto presidencial a la ley de prevención de embarazos en adolescentes, y a la par de ello, los grupos antiderechos toman mayor fuerza, ahora arremetiendo contra la propuesta de Ley Integral contra las violencias hacia las mujeres.
