¿Qué está pasando con los líderes sociales durante la pandemia?

El pasado 13 de junio el diario El Espectador tuvo como portada la lista de 442 líderes que fueron asesinados por su lucha incansable de defender los derechos dentro de sus comunidades. Según lo mencionan, todas estas personas han muerto desde el 24 de noviembre del año 2016, fecha en la cual ya se había firmado el Acuerdo de Paz. El Tiempo también reveló el 19 de mayo el asesinato de 24 líderes a 56 días del aislamiento obligatorio.

En Chévere Pensar en Voz Alta hablamos con Myriam Ojeda, vocera de la Agenda Internacional de Paz, organización que busca exaltar los esfuerzos de paz en Colombia en Reino Unido. Según Ojeda, todos los afectados se encuentran en zonas rurales y con mayor vulnerabilidad. Además, menciona que en muchos de estos territorios existe una presencia militar que no está protegiendo a aquellos actores, razón por la cual terminan asesinados. 

Para entender por qué, a pesar de la pandemia, siguen asesinando a los líderes sociales, hay que conocer su labor y saber quiénes son dentro de la comunidad. Ellos defienden los derechos humanos, el medio ambiente, los territorios indígenas, las comunidades afro descendientes entre los diferentes entornos. Como Myriam lo describe, su función corresponde a dar soluciones o visibilizar problemáticas de su comunidad en las distintas regiones del país, problemáticas que en algunos casos no son atendidas por el Estado. 

La situación actual para los líderes sociales no resulta alentadora, pues muchos terminan amenazados e incluso asesinados por grupos ilegales alzados en armas. Se esperaba que desde la firma del Acuerdo de Paz estos líderes dejaran de ser amedrentados, pero la presencia de nuevos grupos armados los ha llevado al desplazamiento, a vivir en el temor.

Según el Gobierno Nacional, los procesos que fortalecen la seguridad de estos líderes, radica en la organización y las medidas de protección que permitan disminuir el riesgo en el que día a día se ven expuestos. Además, manifiestan su compromiso para preservar la vida de estas personas.

El Ministerio del Interior asegura tener un plan para proteger los derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Para ello se creó el “Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales de la Fiscalía General de la Nación (Decreto 898/2017), la Instancia de Alto Nivel liderada por el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154/2017) y el Puesto de Mando Unificado instaurado en febrero de 2017, como un grupo interinstitucional de trabajo encargado de articular las medidas de prevención, protección e investigación de hechos que atenten contra la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos”.

Y entonces si tienen esta seguridad ¿por qué los matan? Myriam Ojeda asegura que no es una coincidencia que desde la firma del Acuerdo se desconocen cuáles son esas dinámicas regionales que son implementadas por el Estado para asegurar la vida de todos los líderes. Antes de dicho Acuerdo, también había muertes debido al control político que ejercían varios grupos armados.

Recuperar tierras, combatir la minería ilegal, denunciar corrupción e incluso defender la raza, son unos de los tantos factores en los que pierden la vida estos líderes. Sus territorios ahora se ven al margen de nuevos grupos subversivos que han aprovechado el tiempo de confinamiento para que la seguridad de estos líderes sea menor. 

 ¿Quién da la orden? Dice Myriam que hay alguien detrás que ordena los múltiples asesinatos en diferentes sectores y donde incluso grupos indígenas tienen a cargo el control de sus territorios. Puntualiza que no existe solo una razón para ordenar su muerte, sino que esto corresponde a cada región. Por ejemplo, asegura, que zonas como el Catatumbo, en donde “si se rompe el acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos, las familias quedan en un ciclo vicioso de tener que cultivar hoja de coca” y que corresponden a unas dinámicas de pobreza que finalmente terminan estando bajo grupos al margen de la ley. 

Finalmente Myriam expone que no hay veeduría que haga presencia territorial y que mientras el Gobierno no tenga un plan de desarrollo que permita quitar el poder a todos estos grupos armados, en regiones como: Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca, Bolívar, Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, no podrán avanzar debido a que son los departamentos más afectados. A esto se le suma la situación preocupante del aislamiento que en vez de ser una pausa en esta guerra, ha sido una manera más fácil de poner en riesgo la vida de los líderes, pues al no poder moverse, son identificados con mayor rapidez.