Antioquia es de los departamentos con más delitos electorales en el país
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Acorde con nuestra Constitución, el voto es un derecho y un deber ciudadano. Y este es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión alguna, intimidación o coacción. El Estado debe velar porque este tenga lugar de manera secreta, en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Es por esto que la compra de votos es un delito electoral que, desafortunadamente, se presenta en todo el país.
En Radiónica quisimos hacer este especial y acercarnos a este fenómenos a través de testimonios puntuales y de breves contextos que ilustren la magnitud del problema. Falta poco para que elijamos presidente y es fundamental que el voto que depositemos sea informado y libre.
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Según Camilo Mancera, coordinador de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), “Antioquia se ubica entre los primeros cinco departamentos del país donde más se cometen delitos electoral". Algo que se confirma acorde a la información que ha llegado a Pilas con el Voto, un sitio web creado por la MOE para que la ciudadanía informe irregularidades electorales.
Con el objetivo de conseguir votos a favor de determinados candidatos o partidos políticos, el constreñimiento y fraude al sufragante han sido los delitos electorales que personas y organizaciones estructuradas y sistematizadas han realizado durante décadas en el departamento, explica Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantía, e integrante de la Fundación Sumapaz.
La finalidad de la compra de votos está relacionada con la retribución de bonificaciones que se obtienen al ocupar un cargo público. En palabras de Yesid, además de los diferentes beneficios que eso conlleva, el poder político permite tener el control en algunas instancias del Estado y captar recursos a través de proyectos en diferentes sectores.
La falta de investigación y de justicia sobre los responsables de este delito es una de las barreras que impiden mitigar la corrupción electoral del departamento. Según un informe realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, la Fiscalía General de la Nación presentó, entre 2014 y 2021, el registro de 1.549 reportes criminales relacionados con el delito de corrupción al sufragante, pero solo el 2%, es decir, 31 denuncias, tienen alguna sentencia.
“Si existieran entes gubernamentales fuertes y una correcta pedagogía electoral, este tipo de delitos políticos electorales podrían disminuir. Hay una institucionalidad muy débil que realmente no está cumpliendo la función constitucional de proteger la democracia, porque aquí lo que está en juego es la democracia”, explica a Yesid.
Durante el año 2021, la violencia en Antioquia aumentó en un 2,6%, según el balance de seguridad entregado el pasado 18 de enero por parte de la Gobernación de Antioquia. Esta Problemática incide de manera directa en el proceso electoral. “Lo que hemos visto es que los hechos de violencia, la presencia de grupos armados ilegales y la violencia específica contra liderazgos políticos ha venido en incremento, un 30% adicional de lo que habíamos visto en elecciones pasadas”, finaliza Camilo Mancera.
En Chévere Pensar en Voz Alta, los invitamos a escuchar el siguiente testimonio de compra de votos en la ciudad de Medellín, en el que se habla de cómo este derecho y deber se empeña a cambio de droga. No duden en denunciar cualquier actividad semejante a las autoridades.
