Mujeres trans logran que se les reconozca su derecho a pensión
Una buena noticia reciben las personas LGBTIQ esta semana después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional determinara que las mujeres transgénero tienen derecho a acceder a la pensión de vejez a la misma edad que lo hacen las mujeres cisgénero, es decir, aquellas mujeres que tienen identidad de género que coincide con su sexo al nacer.
Esto se dio luego de que la Corte amparara los derechos de Helena Herrán, una mujer trans que libró una larga lucha judicial para que Colpensiones reconociera su pensión con los requisitos que aplican para las mujeres.
En su momento, Herrán afirmó que Colpensiones la había discriminado en razón de su identidad de género. Señaló que esta entidad había concluido que ella no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues tenía 59 años y por lo tanto no había cumplido con la edad exigible a los “hombres”, que es de 62 años, para acceder a dicha prestación social.
Colpensiones aseguró que la corrección del marcador de “sexo” en los documentos de identidad de una mujer trans no tiene efectos pensionales. Además, el fondo de pensión indicó que la diferencia de edad para acceder a este derecho en la vejez, aplicable a las mujeres, es una medida que tiene como objetivo compensar y remediar las barreras laborales y obstáculos derivados de la maternidad a las que estas se enfrentan, los cuales les dificultan reunir las condiciones exigidas por la ley para tener derecho a esta prestación.
La Corte ratificó la decisión de un tribunal que reconoció la pensión de Herrán en 2020 y exhortó al congreso para que regule y defina los requisitos para acceder a la pensión de vejez aplicables a la población de personas transgénero. Así mismo, la Corte afirmó que las mujeres trans están cobijadas por las normas para las mujeres y señaló que la diferencia de trato entre las mujeres cisgénero y las mujeres trans son discriminatorias.
Además le ordenó a los fondos de privados que, en seis meses, adopten lineamientos que respeten el principio de buena fe, así como los derechos fundamentales a la identidad de género, igualdad e intimidad de sus afiliados y afiliadas. Igualmente, la Corte reconoció la violencia y discriminación que sufren estas personas, motivo por el cual el Estado no puede desconocer su derecho a la pensión.