Desaparición forzada en Colombia: el gran dolor de un país
Este texto fue investigado y redactado de forma colectiva por: Carol Ramirez, Esteban Zapata, Adriana Díaz, Alejandra Beltrán, Mariana Vélez.
La desaparición forzada es considerada una de las violaciones más graves, complejas y pluriofensivas contra los derechos humanos porque: “involucra graves afectaciones a varios derechos como la vida, la integridad, la libertad, el derecho al trato humano, al reconocimiento de la personalidad jurídica, de la identidad, a tener una convivencia y vida familiar, entre otros múltiples derechos. Además, si se comete en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad”, explica Lina Hurtado, abogada del área de Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Según un informe entregado por la ONU, Colombia es uno de los 10 países con mayores casos de desaparición forzada. Se calcula que son cerca de 82.998 víctimas de esta práctica, que registró sus años más críticos entre 1996 y 2005, donde cada 2 horas una persona era desaparecida a causa del conflicto armado, así lo señala el informe Hasta encontrarlos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Este informe también deja ver que grupos paramilitares, guerrillas y grupos armados no identificados son los principales causantes de la desaparición forzada en el país. Los motivos por los cuales se da esta práctica son varios, sin embargo, se logran reunir en tres clases:
Primero: son las prácticas de castigo (personas que se niegan a abandonar sus tierras, permanecen o ingresan a zonas que tienen prohibidas, incluso prácticas que alteren el orden establecido por los grupos armados).
Segundo: mecanismos de terror (por medio de la desaparición forzada crean el miedo en la población, también lo hacen a través de amenazas visibles y dejando claro sus alcances de violencia).
Tercero: estrategia de ocultamiento (no se hacen responsables de los ataques que realizan y desvían las investigaciones y asesinan civiles para hacerlos pasar como combatientes “muertos en combate”.
Es una práctica cruel que no distingue zonas de residencia, religión o profesión. Alrededor de toda la nación son innumerables las familias que han vivido la zozobra de tener un ser querido desaparecido, de desconocer su paradero, su estado actual, sí comió o no, si está pasando frío o si está durmiendo bien. Es una angustia constante que sin lugar a dudas se ha convertido en un gran dolor y por eso recorrimos algunas regiones del país para conocer el panorama de este delito.
Caribe
En el Caribe colombiano las desapariciones forzadas se registran con mayor incidencia en el Magdalena medio, César y Bolívar. Sobre los perpetradores, la Unidad para las Víctimas informó que los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562); las guerrillas del 19,9% (5.849); los grupos posdesmovilización del 8,8% (2.598) y los agentes del Estado del 8% (2.368).
La Unidad para las Víctimas es una de las organizaciones que acompaña de manera psicosocial, apoya a los familiares de desaparición forzada y homicidio en los procesos de documentación, recolección de muestras para la identificación genética, de localización y recuperación y el entierro final o entrega digna de los cadáveres.
En 2019 surge la organización que redefiniría los conceptos de estas búsquedas. Se trata de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que según comenta Juliana Fúquene Barreto, coordinadora del Equipo Territorial Barranquilla (que cubre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico), inicia su despliegue territorial en mayo del 2019.
Hay un equipo territorial que tiene oficina en Montería y cubre el departamento de Córdoba y la región del Bajo Cauca antioqueño y hay otra oficina en Sincelejo que cubre a los departamentos de Bolívar y Sucre. “Somos muy conscientes de que las personas buscadoras llevan más de 20 años buscando a sus seres queridos desaparecidos. La construcción colectiva y armónica con las organizaciones y con las personas que buscan, es fundamental para el trabajo de la unidad. El tema de la búsqueda es un reto muy grande, de los nueve departamentos donde se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia”, comenta Fúquene.
Uno de los retos que tiene la unidad de búsqueda es hacer un registro de las personas desaparecidas en el Caribe colombiano. “Reconocemos y nos articulamos con todas las entidades del Estado y organizaciones civiles que han trabajado en la búsqueda, pero también es importante aclarar que no había habido en el país una entidad que se dedicara únicamente a la búsqueda de personas desaparecidas. A nuestras oficinas se han acercado muchas personas que nunca habían reportado su hecho de desaparición, aproximadamente mil setecientas solicitudes de búsqueda en dos años. Estos son números elevados y dan cuenta de este hecho doloroso que ha vivido la región”, comenta.
De esta misma organización, en Sincelejo la oficina tiene cobertura sobre 62 municipios correspondientes a los departamentos de Sucre y Bolívar, se adelanta el Plan Regional de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo. Ella del Castillo, del Equipo Territorial Sincelejo, comenta que: “hemos establecido un universo total de 1808 registros de personas desaparecidas en los 17 municipios de cobertura del Plan Regional de Búsqueda. Ya se han desarrollado acciones en el marco del mismo, principalmente acciones orientadas a la recolección de información, en donde gracias a la articulación que hemos desarrollado con la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); en el marco de las medidas cautelares que ha impartido la JEP en cuatro lugares del municipio de San Onofre, que son la Hacienda El Palmar, la Hacienda, la Alemania, los cementerios de Rincón del Mar y de San Onofre, hemos desarrollado la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas”.
El acceso a la información ha permitido que las personas con familiares y conocidos desaparecidos tengan mayor facilidad para solicitar búsquedas. “La recepción de solicitudes a través de llamadas telefónicas, mensajes de Facebook y por todas las redes sociales de distintas maneras, nos acerca a un mayor número de casos, eso, junto a la articulación que tenemos con organizaciones de la sociedad civil adelantamos procesos para proponer y hacer unos planes regionales de búsqueda”, puntualizó Juliana Fúquene.
Antioquia
Según el Registro Nacional de Desaparecidos, el Registro Único de Víctimas, el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Sistema Penal Oral Acusatorio, el departamento de Antioquia es la región del país que presenta más desapariciones forzadas.
Adriana Arboleda, coordinadora de MOVICE Antioquia, afirma que, “antes de la firma de los Acuerdos de Paz, Antioquia tenía reportado más de 20,000 casos de desapariciones forzadas, esto, sin contar otras modalidades de crímenes que están relacionados con dichas desapariciones, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento forzado, los propios combatientes muertos en combate, etc. Sin embargo, después de la firma de los Acuerdos de Paz los casos se han venido incrementando y se han generalizado en todo el departamento, y no hay una cifra exacta”.
Una de las mayores dificultades que existe en el departamento y el país, es el registro de múltiples bases de datos, pues se encuentra la de La Comisión Nacional de Búsqueda, la de la Personería, la de la Fiscalía General de la Nación, la de Medicina Legal, etc, expresa Adriana.
Sumando las víctimas de desaparición forzada que registran en las siguientes fuentes, OMC, RUV, RND, SPOA, hasta el 31 de diciembre de 2019, el total de personas desaparecidas y de víctimas colaterales fue de 89.603. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, el máximo histórico anual de desapariciones forzadas en Antioquia, se registró en el año 2002 con 1.525 personas desaparecidas.
“Si sumas los casos reportados después de los Acuerdos de Paz, solo en el departamento de Antioquia se tienen más de 600 casos reportados. El mismo Comité internacional de la Cruz Roja ha señalado cómo se han incrementado los casos en todo el país, especialmente casos ligados a población migrante y a niñas y adolescentes en el caso de Antioquia; a eso, tendríamos que sumarle lo que ocurrió en el marco del Paro Nacional ya que en el departamento tuvimos más de 300 casos”, expresa Adriana Arboleda.
Hasta el 31 de diciembre de 2019, no existía ningún municipio del departamento que no hubiese registrado algún caso de desaparición forzada. Entre los hechos masivos más relevantes se encuentra la operación Orión, la zona del proyecto Hidroituango, y la fosa común del cementerio de Dabeiba, solo por mencionar algunos.
A raíz de esta tragedia, se han creado diferentes organizaciones y colectivos que piden justicia y verdad sobre el destino que tuvieron sus familiares, tales como, Mujeres Caminando Por La Verdad, MOVICE, la UPBD, entre muchas otras que esperan que los actos de la Comisión de la Verdad y la JEP les devuelva un poco de tranquilidad y brinde más información sobre el paradero de los miles de cuerpos desaparecidos.
“Dentro de los desafíos que tenemos tiene que ver con consolidar el Registro Único de Víctimas en Antioquia, pues creemos que así todas las instituciones tengan sus propias bases, debe haber una base única a nivel nacional, pues es fundamental para avanzar en el proceso de búsqueda, de localización y también de los procesos de identificación. Otro gran desafío que tenemos es lograr que las entidades garanticen un proceso de participación activa de las víctimas. Finalmente, otro de los grandes desafíos es lograr que la JEP, abra el macro caso sobre desapariciones forzadas en la región ya que esto permitiría a los militares comparecientes hablar y dar información sobre el paradero de las víctimas y así poder ser entregados a sus familiares”, expresa Adriana.
Nariño
Sobre el muro que da a la calle 27, en el centro de Pasto, está dibujada la frase “ustedes cierran los ojos y olvidan, nosotros cerramos los ojos y recordamos”, sin duda un recordatorio para todos los transeúntes sobre el desconsuelo que deja la desaparición forzada en Nariño.
Este mural, fue realizado a varias manos por personas que buscan a sus seres queridos, quienes revelaron en el informe Construyendo verdad desde las víctimas para la paz y la reconciliación en dos municipios del departamento de Nariño, entregado a la Comisión de la Verdad en 2020, que se registraron 5.533 víctimas de desaparición forzada entre 1998 y 2016 por causa del conflicto armado, datos basados en las cifras de la Unidad para las Víctimas.
Como parte de los hallazgos de la investigación que derivó en el informe, estas desapariciones vinculaban a personas en condiciones de vulnerabilidad, reportando también una estrecha relación con el abandono estatal, los cultivos y el tráfico de narcóticos.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), apoyó decididamente esta investigación y señala que: “las desapariciones realizadas por los paramilitares en Nariño están asociadas principalmente a problemas surgidos alrededor del tráfico de narcóticos. En estos casos las víctimas han sido principalmente campesinos pobres, hombres entre los 15 y los 35 años. En los casos de desapariciones ejecutadas por la guerrilla, estos han estado más asociados al reclutamiento forzado que afecta principalmente a jóvenes (…) también al secuestro de integrantes de la fuerza pública y de otros agentes del Estado”.
Sin embargo, a la luz del Registro Único de Víctimas (RUV), a marzo del 2020, en Nariño se han registrado 5.959 casos, siendo el litoral pacifico sur uno de los más perjudicados, en donde se registraron 1.414 víctimas.
La Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño (AVIDES) es una de las precursoras en el departamento como ejercicio organizado de familiares de personas dadas por desaparecidas, quienes unen esfuerzos, anhelos y esperanzas por conocer sobre sus familiares. AVIDES inicia a finales de los años 90 tras la desaparición de dos jóvenes, entre ellos Alexander Tovar, hijo de Gloria Achicanoy, líder de la asociación, quien comenta: “antes no los buscaban, uno solamente iba a poner la denuncia, pero no hacían mayor cosa. Fue con esta ley 1448 que dijeron que los desaparecidos tienen que ser buscados”.
Pese a la ley, son reducidos los casos en los que se encuentra una respuesta, según Gloria, para AVIDES: “de los logros para hallar a nuestros seres queridos no hemos tenido ninguno, por que la Fiscalía está parada y Medicina Legal también”, un reflejo de lo que ella considera la inoperancia de varias entidades que perjudican la búsqueda.
En la actualidad, existen más de 4 asociaciones que trabajan con familiares de víctimas, algunas de ellas han vinculado diferentes hechos victimizantes además de la desaparición, sumado al trabajo que se realiza desde la Mesa Departamental de Desaparición Forzada, las cuales esperan alcanzar algún día una verdad sobre el paradero de los desaparecidos en Nariño.
Valle del Cauca
El panorama de la desaparición forzada en la región pacífico vallecaucano corresponde a un contexto particular por las características del territorio que comprende manglares, cuencas hidrográficas y el océano Pacífico, además cuenta con la mayoría de la población perteneciente a comunidades afro, así como pueblos indígenas, lo que significa una representación entendida desde muchas ocasiones, en saberes y visiones ancestrales que afectan a toda una comunidad y su relación con el territorio que habitan.
Según la página de Consultas públicas de Desaparecidos y Cadáveres, el Valle del Cauca presenta hasta el momento 9.566 personas desaparecidas. Para Marta Burbano, perteneciente a la Corporación para el Desarrollo Regional, “se realizan tres estrategias de trabajo en las cuales se hacen ejercicios pedagógicos con la sociedad en general sobre el significado de la desaparición forzada, la ruta que se debe seguir y acompañamiento de este proceso sobre todo en Cali, en la que nos articulamos con agentes públicos para aumentar esfuerzos”. Menciona también que no todas las personas que han sido desaparecidas son reportadas por sus familiares, algunos por el miedo y otros porque no conocen la ruta o la información necesaria.
De acuerdo con el mandato de la UBPD, como entidad estatal de carácter humanitario y extrajudicial, atendiendo las solicitudes de búsqueda de las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado colombiano, ha buscado generar articulación y trabajo colaborativo con diferentes actores de carácter público, privado y de la sociedad civil con el fin de brindar resultados en los procesos de búsqueda en los que tiene competencia.
Es por ello que el pasado 12 de abril de 2021, se firmó el Pacto por la Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, trazando la ruta y las voluntades para la construcción y ejecución del Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Vallecaucano.
Comprendiendo la particularidad de este territorio, la UBPD tiene pensado realizar un ejercicio piloto novedoso de búsqueda en un contexto particular como es el Estero San Antonio, labor que no se ha realizado en el Pacifico colombiano.
Otras de las actividades que se vienen desarrollando encaminadas a implementar acciones humanitarias para la búsqueda, localización, recuperación e identificación de Personas dadas por Desaparecidas en Buenaventura son las siguientes: la realización de diálogos iniciales y de ampliación de información; ejercicios de recolección de información; acciones de pedagogía del mandato institucional, con especial énfasis en la labor humanitaria y extrajudicial; y ejercicios de cartografía con comunidades para la identificación de posibles lugares de disposición.
Bogotá D.C
En la capital del país se habla de 15.085 personas que han sido víctimas de desaparición forzada, según el Registro Único de Víctimas, de las cuales 7.895 son hombres (53.3%) y 6.897 son mujeres (46.31%). De igual forma las personas de la tercera edad son las principales víctimas, seguido de los niños y adolescentes, los afrocolombianos e indígenas.
Los periodos más críticos de la ciudad fueron durante el 2008 y 2009, en donde se conoce de más de 4 mil víctimas registradas por año durante ese periodo. Convirtiéndolo en el cuarto hecho victimizante más importante.
“Aunque todo el país vive el conflicto armado, en esta ocasión la desaparición ocurre por otro tipo de hechos dirigidos a la criminalidad urbana”, afirma Lina Hurtado.
A su vez resalta que una de las principales dificultades en este proceso, como ocurrió con los casos de ejecuciones extrajudiciales en Soacha denominados “falsos positivos”, es que trasladan a las víctimas a otros lugares del país perdiendo por completo el rastro y dificultando así todo el proceso de búsqueda y reparación para las familias.
Por otro lado, en este proceso tanto las familias de las víctimas como las instituciones que apoyan este proceso carecen de una seguridad que les permita llegar a los lugares en donde ocurrieron los hechos. Incluso denuncian que en muchas ocasiones las investigaciones no avanzan como se espera y en los casos de participación estatal los responsables siguen siendo elegidos y conservan su poder político, lo que impide poder llegar a la verdad y la reparación para las víctimas. "En Justicia y Paz, incluso ya hay sentencias y documentación de la participación de agentes estatales en la comisión de este delito por ciertos intereses ya mencionados ¿Cuál ha sido la dificultad? que no se ha llegado a ciertos escalafones de la cadena. En Justicia y paz muchos paramilitares ya mencionaron a cómplices dentro de los que hay alcaldes y es la hora que muchas de esas investigaciones en Fiscalía no han empezado y lo que pasa con esto es que se sigue perpetuando el poder", asegura Lina Hurtado.
En conmemoración de este Día Mundial de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Chévere Pensar en Voz Alta decidimos realizar un podcast como un homenaje a la memoria de los miles de colombianos desaparecidos, que se ven reflejados en los relatos de los familiares que nos compartieron sus historias de vida entorno a este hecho victimizante en nuestro país.