Derechos LGBTI: deudas históricas

La lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales ha venido cobrando cada vez más visibilidad en el mundo como una problemática coyuntural en la agenda de los Derechos Humanos. De hecho, durante los últimos años son mucho más los países que han creado agendas de acción en sus políticas públicas para avanzar en la garantía de una vida digna de todos aquellos que hacen parte de la comunidad LGBTI.

En el caso de Colombia, éste parece ser uno de los países más progresistas de la región en cuanto a la garantía de derechos; por ejemplo, la adopción igualitaria fue aprobada en 2015, el matrimonio igualitario se aprobó en 2016, el cambio de sexo o género en la cédula es posible desde el 2015 y los derechos patrimoniales fueron reconocidos en 2007, siendo el primer país en Latinoamérica en hacerlo.  

No obstante, la lucha avanza y retrocede en diferentes ritmos en todo el mundo, pues mientras en varios países ya se garantizan muchos de los derechos exigidos por la comunidad, aún en la mayoría, las personas de la población diversa siguen viviendo experiencias de violencia, empobrecimiento, hostigamiento, persecución e incluso son obligados a pasar por terapias de reorientación como las denunciadas en Chechenia, Rusia.

Y es que tener una vasta jurisprudencia o una gran constitución no es garantía de un cambio cultural en las sociedades permeadas por morales judeocristianas soterradas y por constructos de valores machistas y patriarcales, pues los abusos, las muertes, la violencia y la intolerancia continúan.

Hoy la lucha por los derechos LGBTI sigue siendo imprescindible, pues, aunque se han dado grandes pasos desde el momento en que un grupo de mujeres trans (madres del movimiento) tiraron la primera piedra en las protestas de Stonewall en 1969, aún se necesita la misma valentía para exigir justicia a un sistema que ignora el reconocimiento de las personas de la comunidad, que les trata como ciudadanos de segunda categoría y que no vela por una vida digna para todos.

Los derechos trans son derechos humanos

Son muchas las situaciones que deben sortear las personas que transitan en una experiencia de vida trans; una vez manifiestan no sentirse identificadas con la identidad de género que socialmente se les asigna a su sexo, la violencia sistemática empieza y el hostigamiento social y el abuso de poder de las autoridades les lleva a ser ampliamente estigmatizadas y vulneradas física, psicológica y simbólicamente. Así mismo, la falta de oportunidades de empleo muchas veces les obligas a habitar la calle desde tempranas edades o a vivir del trabajo sexual; además, el escaso acceso a la educación que reciben no permite que tenga un amplio desarrollo personal y profesional.

Por otro lado, unos de los asuntos de gran importancia es el acceso a la salud, pues los protocolos de atención son poco inclusivos; por ejemplo, cuando las personas trans están en su proceso de transición y necesitan un tratamiento hormonal muchas veces deben presentar certificaciones de disforia de género, aún cuando no vivan con tal condición. De hecho, hasta el 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó de la lista de enfermedades a la transexualidad.  

Cabe también mencionar la negligencia que muchos deben vivir por parte del cuerpo médico de los organismos de salud cuando sufren alguna enfermedad o situación de salud. En muchas ocasiones el proceso para ser atendidos es hostil o simplemente no se lleva a cabo, como en el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans negra que no fue atendida y se le dejó morir asfixiada tras saber que vivía con VIH, y tras su muerte fue incluso culpada y revictimizada por los entes distritales en Bogotá.

En conclusión, la población trans es la más vulnerada dentro de la comunidad LGBTI, deben vivir situaciones de violencia frecuente, son discriminadas de la mayoría de esferas sociales. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que su expectativa de vida es tan solo de 35 años.

Amar no es un delito

De acuerdo al último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-LAC) ser homosexual aún es ilegal en 70 paí­ses, mediante disposiciones explícitas de ley, los continentes que más criminalizan a las personas de orientaciones sexuales diversas, son África y Asia. De hecho, en seis países, miembros de la ONU, aún existe la pena de muerte por intimidad sexual entre personas del mismo sexo, estos países son: Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, Somalia y Nigeria.

Sin embargo, hay otros cinco estados (Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Mauritania) donde se puede aplicar la pena de muerte de facto, y en otros países, hay penas de muerte extrajudiciales que son ejecutadas por agentes no estatales, tal es el caso de los territorios como Irak y norte de Siria.

En este sentido, aunque desde 1990 la homosexualidad dejó de ser para la OMS una enfermedad, son muchos los países que aún repudian cualquier acto que transgreda las normas sociales arbitrarias impuestas, y aunque en 32 países es legal la unión marital, aún hay una gran mayoría de países con ambientes culturales muy restrictivos y violentos, incluso en aquellos donde es legal, como en Colombia, hay situaciones donde se condena las muestras de afecto con la violencia.

Personas LGBTI víctimas del conflicto

Otra deuda histórica es la inclusión de víctimas LGBTI dentro del conflicto armado pues históricamente los órganos establecidos para avanzar en los procesos de transición hacia la paz, han dejado de lado la violencia que han experimentado las personas LGBTI por parte de diferentes actores armados.

Por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg creado por los Aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, no mencionó la persecución sistemática de las personas LGBTI durante el llamado Tercer Reich donde muchos fueron torturados y encerrados en campos de concentración siendo rotulados e identificados con el famoso símbolo del triángulo rosa.

En Colombia, aunque, el enfoque diferencial en relación con las personas LGBTI existe en los mecanismos establecidos para la finalización del conflicto armado (a partir del Decreto 588 de 2017 que organiza la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición) aún se espera la aplicación de medidas especiales para demostrar la evidencia de patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y la adopción de un enfoque interseccional para entender de qué manera las diferentes experiencias de una persona LGBTI interactuaron para hacerla especialmente vulnerable durante la historia del conflicto.

La escasa importancia prestada a las víctimas LGBTI en muchos países, refleja la idea de que “es normal” la violencia contra de las minorías sexuales y de género en la cotidianidad. El problema yace en que los mecanismos empleados en escenarios de procesos de paz han sido diseñados desde una perspectiva heterosexual y cisgénero, que olvida la inclusión LGBTI.

Educación inclusiva

La infancias y juventudes diversas en el país siguen viviendo situaciones de vulnerabilidad en sus ambientes familiares y escolares, pues el binarismo social solo reconoce las identidades de género de hombre-mujer y no aquellas disidentes de ese limitado espectro. Todavía es un tabú hablar de la orientación sexual y romántica de los niños y mucho más del necesario derecho a la libre expresión de género que permite una sana construcción de la identidad desde una temprana edad.

Aunque organizaciones como la Fundación GAAT ofrece acompañamiento a los padres de hijos trans que desde pequeños manifiestan otras identidades a las asignadas al nacer, el panorama aún no es muy alentador; por ejemplo, hace casi seis años, en el 2014, el estudiante de 16 años Sergio Urrego fue discriminado por la rectora, psicóloga y profesores del colegio donde estudiaba después de darse un beso con un compañero con el que mantenía una relación consensuada.

Sergio fue acusado de acoso sexual, obligado a contar su orientación sexual, obligado a asistir a terapias psicológicas de “reorientación” y fue amedrentado a tal punto que el 4 de agosto de ese año, un día después de presentar la prueba ICFES en la cual ocuparía el puesto número 10 a nivel nacional, se suicidó.

En ese entonces ya existía ley 1620 del 2013 que exige parámetros equitativos frente a la convivencia escolar y la garantía de derechos de los niños y jóvenes; sin embargo, esa ley no fue aplicada a cabalidad por el colegio de Sergio Urrego. Un años después de su muerte, la corte constitucional emitió la Sentencia T-478 en la cual, entre otras cosas, exige la revisión exhaustiva de los manuales de convivencia de todos los colegios del país y ordena acciones por una educación inclusiva.

Sin embargo, tras las marchas multitudinarias en contra de una incipiente “ideología de género” por medio de las famosas cartillas que el Ministerio de Educación preparaba para los colegios, se mal informó cuál era su objetivo y el proceso de revisión se detuvo.

Desde entonces, la revisión de los manuales tan solo se ha llevado a cabo en un 28%, según como lo expresó Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, para una entrevista de La Silla Vacía en el 2018.

Todo intento por reconocer la diversidad dentro de la educación se ha visto anquilosado, desde entonces, en el 2018, por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos sancionó la Política Pública Nacional LGBTI que por fin atendería la vulnerabilidad, las necesidades y los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, implementando acciones claras para el restablecimiento de garantías, no obstante a la fecha aún no se implementa la política y son contadas las ciudades en el país con políticas públicas distritales.

Por todo lo anterior, la lucha de la comunidad LGBTI continúa y aunque en el 2020 no puedan salir a las calles para reclamar sus derechos, visibilizar sus problemáticas, conmemorar a sus víctimas, hacer memoria histórica de su movimiento, celebrar la diversidad sexual y de géneros, el silencio nunca será una opción y seguirán alzando su voz contra todas las mujeres trans violentadas en las calles, todos los niños y jóvenes discriminados y a punto de suicidarse y en contra de la revictimización que sufren las personas LGBTI víctimas del olvido y la violencia del Estado y la sociedad.