Con la colaboración de Vanessa Vallejo - Radio Nacional de Colombia
El 15 de mayo de 2014 gobierno y Farc sellaron en Cuba un punto que para muchos analistas sería la piedra en el zapato del proceso de paz. Tras meses de largas negociaciones, las partes aceptaron culpas y reconocieron que el problema del narcotráfico tiene su raíz en las pobres condiciones económicas y sociales de muchas comunidades colombianas, así como en la falta de presencia del Estado en los territorios.
Lo acordado hace una gran apuesta por la sustitución de los cultivos ilegales y no es para menos: según la
Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU,
UNODC, en el 2015 el país tenía sembradas
96 mil hectáreas de coca, concentradas principalmente en
Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y
Putumayo, departamentos donde históricamente las Farc han ejercido gran influencia. Al mirar nuestro mapa geográfico, según la
UNODC, solo
Caldas, La Guajira y Cundinamarca terminaron el año libres de cultivos.
Ante este panorama uno se pregunta, ¿será posible lograr la erradicación de tantas hectáreas?, ¿qué pasará con los pequeños campesinos que, por necesidad económica o por presión de la guerrilla, dedicaron sus tierras a sembrar drogas?
En respuesta, la mesa de La Habana propone la creación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que buscará mejorar las condiciones sociales de esas comunidades a través de acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos, el mejoramiento de la infraestructura básica y un plan de asistencia familiar que, durante tiempo limitado, entregará auxilios para fomentar la generación de empleo.
Otro de los aspectos claves de este punto es el tratamiento diferencial que la justicia colombiana dará a los pequeños agricultores que renuncien a estas plantaciones ilegales. Esto quiere decir que un campesino que, por ejemplo, cambie voluntariamente sus sembradíos de amapola por cultivos de mora no será objeto de sanciones severas como cárcel o extinción de dominio de sus parcelas, como ocurre actualmente.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras.
La segunda línea de acción del acuerdo es la prevención del consumo de sustancias con un énfasis especial en los menores de edad, partiendo de la idea de que esta es una situación generada por las condiciones económicas, sociales y familiares de los ciudadanos, por tanto, debe ser asumida como un problema de salud púbica y no, como algo aislado.
Así lo refleja el informe que en 2014 publicaron la
OEA y los Ministerios de Salud y Justicia de Colombia:
839 mil colombianos, de
32 mil encuestados,
aceptaron haber consumido marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos o inhalables. El mayor consumo se ubicó entre los
jóvenes de 18 a 24 años, seguido por los adolescentes.
Las cifras, nada alentadoras, son el impulso para la creación del Programa de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que se establecerá tras la firma del acuerdo final y en el que, entre otros frentes, trabajará en la prevención y la rehabilitación de los drogodependientes.
Lean acá 'Pazo' Nº 1: Rehacer a Colombia desde el campo
El último foco del acuerdo aglutina una serie de estrategias pensadas para desarticular las organizaciones mafiosas que fomentan los cultivos ilícitos y que participan en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con el
Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en las cárceles del país hay
17.300 personas condenadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en lo corrido de este año otras
148 han sido condenadas por lavado de activos. La lucha de las autoridades además se ha centrado en la destrucción de la infraestructura usada para el procesamiento de estas sustancias:
En 2015 se desmantelaron 3.300 cristalizaderos, en 2016 van 1.400.
Sin embargo pareciera que todos estos resultados no son suficientes, pues los bolsillos de los narcos siguen engordando. Según la
Unidad de Información y Análisis Financiero, las ganancias que el lavado de activos dejó el año pasado a los grupos armados ilegales fue de
$11 billones, lo que representa más del
1.3% del Producto Interno Bruto del país.De cara a este gran y complejo entramado delictivo las Farc se comprometieron a desarrollar operaciones de desmonte de laboratorios en sus zonas de acción y de desminado de territorios que en algún momento sirvieron para la producción de sustancias ilícitas, además de cortar todo vínculo con el narcotráfico. Por su parte, el Estado deberá poner en marcha una política de criminalización contra los grandes capos, lo que representará, entre otras cosas, fortalecer la capacidad investigativa del Estado, controlar la venta de insumos para el procesamiento de droga y endurecer la política anticorrupción para depurar las manzanas podridas en las instituciones públicas.
