Campesino colombiano.

'Pazo' Nº 1: Rehacer a Colombia desde el campo

El agro y nuestros campesinos son el centro del primer acuerdo logrado en La Habana con las Farc. El objetivo: hacerle frente, por fin, a la desigualdad en la distribución de la tierra y al abandono del campo, dos de los principales motores del conflicto en la historia de Colombia.

Un país como el nuestro, donde el 77% de la tierra está en manos del 13% de la población total, pareciera condenado al enfrentamiento, la violencia y la sangre. Por eso no extraña que la mayoría de los conflictos sociales y políticos colombianos hayan tenido su origen en la lucha por el suelo.

Guerrillas tan viejas como las FARC y el ELN nacieron hace más de 50 años al amparo de ideas de igualdad y mejores condiciones para el campesino y el colombiano promedio que, como ustedes o como yo, andan en buseta y trabaja más de lo que descansa o pasea. Sin embargo, esa supuesta lucha social nunca se vio reflejada en la realidad y son precisamente nuestros campesinos los que engrosan las listas de desplazados (según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, de los 3,6 millones de personas desplazadas en los últimos 13 años, el 64% corresponde a habitantes de zonas rurales) y muertos (ese mismo informe señala que 10 de los 20 municipios con el más alto número de masacres están en el campo).

Esto, sumado al abandono estatal histórico de nuestro campo, genera un panorama de miseria y desesperanza en los más de 15 millones de colombianos que viven en ese 94% de Colombia rural.

Y es aquí donde entra a jugar un papel fundamental el acuerdo logrado en la mesa de negociaciones de La Habana hace más de tres años, enfocado en acabar con la exclusión del campesino, el atraso en las comunidades rurales y la concentración de grandes hectáreas de tierra en unas pocas manos y bolsillos.

El documento tiene tres grandes ejes. El primero de ellos es la creación de un fondo de tierras que entregará de manera gratuita predios a los campesinos que no tienen parcelas o que tienen, pero son insuficientes para su sostenimiento productivo y familiar. De este punto en particular surgió una gran polémica en su momento: los grandes hacendados del país afirmaron que tras la firma de la paz les expropiarían las propiedades que por tantos años han trabajado. ¡Falso! Los millones de hectáreas que harán parte de ese fondo saldrán de los procesos de extinción de dominio adelantados contra actores ilegales como mafiosos y paramilitares, terrenos baldíos inexplotados y tierras donadas al Estado.

Además se otorgarán subsidios y créditos especiales para que nuestros campesinos puedan comprar terrenos, dándole prioridad a aquellos que habitan zonas de gran pobreza o violencia, a las mujeres cabeza de familia y a la población desplazada.

Y como un pueblo con hambre no piensa en la paz, el segundo gran eje de este primer acuerdo son los preparativos para una reforma rural integral que lleve a superar la pobreza y la desigualdad reinante en nuestros campos.

De acuerdo al DANE, el promedio de pobreza extrema para nuestras áreas rurales en 2015 fue del 18%, más del doble del promedio nacional que se ubicó en el 7.9%. Esos índices de pobreza extrema, en la práctica, indican que la mayoría de nuestros campesinos subsistieron el año pasado con un ingreso diario promedio de 13 mil 600 pesos. ¿Demasiado poco, no?

Ante este panorama, nada halagador, el Gobierno se propone, tras la firma del acuerdo final en Cuba, adecuar las trochas por las que nuestros campesinos sacan sus productos desde las veredas hacia los centros urbanos y puntos de comercio, mejorar la cobertura del servicio de energía rural y la conectividad, y garantizar el acceso oportuno y adecuado a salud, educación, agua potable y vivienda digna.

Todo esto va de la mano con el tercer punto: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Esto no es otra cosa que los parámetros bajo los cuáles se definirán prioridades y metas en las regiones sin atropellar la vocación productiva, cultural y económica. Por ello se incluye la obligatoriedad de implementar mecanismos de participación para que las comunidades involucradas concreten, junto a sus alcaldes y gobernadores, qué se va a hacer, dónde, cómo y con quién, permitiendo un proceso de evaluación y veeduría que dejaría por fuera del camino a los personajes que, seguramente, en futuras elecciones buscarán cosechar votos con la aplicación de estos puntos o presionar para la entrega de obras y contratos.

Todo este panorama cobra hoy mucho más brillo en medio del anuncio de un cese bilateral del fuego entre Gobierno y guerrilla. Sin armas y sin hambre, las sombras del desplazamiento, la violencia y el miedo empezarán a desaparecer de nuestros campos y nuestros campesinos sabrán que cuentan, y mucho, para el país. Por primera vez en más de 50 años de guerra, ser campesino no será sinónimo de persecución, sangre y pobreza, sino de desarrollo y paz.

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