"A la gente la matan y la desaparecen y eso no tiene vuelta de hoja": José Antequera

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), señaló en su momento que, a partir de la información recolectada en 102 entidades, entre institucionales y sociales, durante  el período comprendido entre 1970 y 2015, se estima que en Colombia desaparecieron forzosamente 60.630 personas. Es decir una cada ocho horas, superando las cifras oficiales de Argentina, Chile y Uruguay juntas. 

Este delito, acorde con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Ahora, como explica el informe del CNMH, Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia, en nuestro caso particular se ha exigido una revisión y complejización del concepto que solo involucra al Estado, derivado de las experiencias dictatoriales a lo largo de la historia. Por eso, desde el año 2000, la ley tiene en cuenta las particularidades históricas de nuestro conflicto armado, contemplando que cualquier particular miembro de grupo armado al margen de la ley también puede ser responsable de cometer este delito.

Aunque aún hay algunos debates conceptuales al respecto, acorde a esto, según este centro de investigación, nos encontramos con que se desconocen los autores de la desaparición en el 51.4% de los casos -un objetivo que busca este delito. Al tomar el 49.6% restante (29.447 casos), las cifras del momento arrojaban que el 46.1% son responsabilidad de grupos paramilitares, 19.9% de guerrillas, 8.8% de grupos pos-desmovilización, 8% del Estado y 15.9% de grupos armados no identificados. Al ser otro objetivo de este crimen, se habla de más de un 99% de impunidad. 

Teniendo este contexto en mente y su profunda gravedad, no resulta gratuito que se prendieran las alarmas cuando se empezó a hablar de personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional. Y más cuando en las cifras marcaban diferencias tan grandes: mientras la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo hablaban de 84 personas “no localizadas”, organizaciones de derechos humanos registraron más de 700 desapariciones forzadas en los más de 40 días de protesta de este 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Colombia y recientemente publicó sus “observaciones y recomendaciones” derivadas de las indagaciones realizadas entre el 8 y el 10 de junio -que ya obtuvo una respuesta por parte del gobierno. A propósito de las denuncias de desaparición forzada, el organismo internacional señaló cosas como: 

• "En particular, resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias".
   
• "La Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por ellos y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas".
   
• "La CIDH también recibió denuncias sobre situaciones de violencia e, inclusive, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que podrían configurar tortura, y que habrían sido realizadas bajo la figura del traslado por protección (...). En algunos casos, habrían corrido amenazas de ser desaparecidos por encontrarse participando en las protestas".

En Radiónica quisimos indagar sobre este crimen con el objetivo de entender su gravedad y su nivel de crueldad. Para esto, hablamos con José Antequera Guzmán, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, quien ha dedicado su vida a la reivindicación de la memoria y la defensa de los derechos humanos y la paz.  Hizo parte del equipo creador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá, del que hoy es director, y fue asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Además fue uno de los representantes de las víctimas en los diálogos de paz de La Habana.

_{Foto: Colprensa - Sergio Acero}

***

Quisiera que empezáramos caracterizando la desaparición forzada, ¿qué elementos son clave para entenderla? ¿Por qué los criminales la ejecutan? 

Hay que distinguir entre las desapariciones forzadas y las desapariciones por diferentes motivos, que no tienen que ver con la violación a los Derechos Humanos desde fuerzas del Estado; no por eso menos graves. La acción específica que busca que las personas desaparezcan ha tenido muchas implicaciones o características: la primera es la búsqueda del ocultamiento de la existencia del delito o del crimen mismo por muchas razones.

En segundo lugar, tiene un efecto de aleccionamiento. La desaparición forzada tiene motivaciones que no son meramente individuales sino que son sobre colectivos. Quienes la ejecutan consideran que las víctimas pertenecen a colectivos a los que es necesario aleccionar, porque son colectivos militares, o porque son colectivos estudiantiles o porque hacen parte de una colectividad más amplia de jóvenes o de diferentes sectores sociales. Así, tienen como fin enviarles un mensaje usando el miedo y el crimen. 

El tercer motivo tiene que ver con la impunidad: ocultar no solamente la existencia del crimen mismo sino también las consecuencias específicas desde el punto de vista penal. Quienes ejecutan el crimen buscan desaparecer las huellas de que lo hicieron. Esto es relevante porque, en muchos casos, puede ser que la orden dictada no sea explícitamente desaparecer, pero lo que interpreta la gente que ejecuta un crimen y asesina a una persona determinada, que pertenece a un colectivo y que seguramente va a producir consecuencias frente a justicia, sea porque estoy en la escena de los hechos o por qué hago parte de la fuerza policial que obligaron a actuar, es efectivamente que al ejecutar la desaparición forzada pueda evitar las consecuencias penales.

El nivel de impunidad es realmente impresionante...

Exacto, es que ese es el fin, es una actividad que busca la impunidad. El asesinato no necesariamente va detrás de eso, no está tan previamente calculado que uno de los efectos sea lograr la impunidad, un problema que probablemente se resuelve ocultando al asesino. Pero en la desaparición forzada hay una premeditación que se busca a partir de la forma cómo se ejecuta el crimen mismo, por eso las cifras de impunidad son tan altas.

_{Foto: olprensa - Camila Díaz}

¿Qué impacto particular tiene este delito sobre las familias y amigos de las víctimas?

Todas las consecuencias que uno quisiera comprender sobre la ejecución del crimen parte simplemente imaginarlo o de ponerse en esa posición: la espera constante y permanente, la zozobra del miedo y el terror, la afectación a la vida. La vida se paraliza a pesar de que continúa, esa doble condición es muy particular de la desaparición forzada efectivamente. 

Es muy particular: pueden ser múltiples las supuestas fuentes de información sobre los casos de desaparición forzada, sin que sobre ninguna tenga certeza. Eso genera que tengas una desconfianza general ante el mundo. No pasa eso en ningún otro delito, ni siquiera ocurre en los casos de secuestro donde se conoce quién es el posible autor y donde tú puedes establecer que hay un sujeto responsable con quién estás peleando la posibilidad de liberar a tu familia. Frente a la desaparición forzada cualquiera puede ser tu enemigo y cualquiera puede ser tu salvación, es una ruptura con el mundo entero.

Obviamente también hay consecuencias desde el punto de vista efectivo de la justicia. Uno no logra dimensionar el nivel de desconfianza o el nivel de repudio que pueden sentir los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Es el más alto posible, porque efectivamente son casos que, por definición, involucran la participación del Estado y de agentes con los que vas a tener que relacionarte para intentar resolver el crimen; la policía, los gobernantes, la misma justicia. Esto genera una ruptura completa con todas las instituciones. 

Y frente al espacio genera la imposibilidad de vivir en libertad. Es como si te metieran preso. No te puedes ir, ni cambiar de celular, ni cortarte el pelo, dudarás en comprar una chaqueta, pues siempre te preguntarás: "¿con esta chaqueta nueva me reconocerá? ¿Y si me cortó el pelo? ¿Si cambio de número de teléfono cómo va hacer esta persona en caso que quiera llamarme? ¿Si me cambio de ciudad cómo va hacer en el caso que quiera contactarme?”. Te caga la vida.

Tengo entendido que en Colombia se amplió la definición de la desaparición forzada para incluir otros actores más allá del Estado, ¿cómo se puede entender ese debate legal y conceptual? ¿Qué implicaciones tiene?

Es histórico. Quienes ejecutaron históricamente las desapariciones forzadas con estos objetivos y características de las que hemos hablado han sido agentes del Estado o son casos derivados de políticas del Estado. Así como se ha presentado en su mayor cantidad. 

Lo que ocurre es que en el caso colombiano tienes fenómenos como el del paramilitarismo. Este se ha desvinculado en algunos casos de responsabilidades con el Estado, porque se ha hablado de que puede tener niveles de autonomía con respecto a las propias fuerzas institucionales. Y también, en la medida que tengamos un conflicto armado interno, significa que las guerrillas, después de la ejecución de crímenes como el secuestro, hayan terminado por no devolver a familiares. Se ha constatado entonces que el crimen de desaparición forzada puede ser ejecutado tanto por agentes del Estado como por fuerzas que no son propiamente del Estado. 

Uno puede negar ese reconocimiento desde esas condiciones de las que hablábamos, pero desde el punto de vista ético y político no lo puedes hacer. Es decir, uno no puede decir que no hay casos de responsabilidad de desaparición forzada, por ejemplo, ejecutados por la guerrilla cuando secuestraron y no dieron razón a las familias de la víctima, calificandolo en su lugar de una retención fallida. Eso, desde el punto de vista ético y político no lo puedes calificar de otra manera.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, como los tratados internacionales responden más a la experiencia histórica y la experiencia histórica ha tenido más que ver con el Estado ejecutando este crimen, pues aún hoy las desapariciones forzadas son vistas como un crimen de Estado.

_{Foto: Colprensa - Sergio Acero}

En el libro de Javier Osuna, Me hablarás del fuego: los hornos de la infamia (2015), se expone el caso de los hornos crematorios en Norte de Santander. Fueron más de 560 cuerpos los que se calcinaron ahí por parte de los Paramilitares. Se sabe que también hubo casos en Antioquia. ¿Qué reflexiones suscita para usted este tipo de sucesos? 

Tiene que generar muchas reflexiones, es inevitable que no las genere. ¿Cuáles son las más exactas o más pertinentes? Es difícil, uno podría quedarse hablando mucho tiempo, es una cosa sin fondo. Yo podría decir que una de las reflexiones que me ha parecido importante tiene que ver con lo contrario a lo que uno piensa: crímenes como la desaparición forzada demuestran que la criminalidad en la guerra o fuera de la guerra no está guiada, como mucha gente dice, por la irracionalidad. 

Partir de que quienes ejecutan los crímenes "se portaron como animales irracionales” es un decir que se utiliza mucho en esta materia y la realidad es que una de las cosas que uno puede ver muy claramente, en casos como los de los hornos crematorios, es que no hay irracionalidad, todo lo contrario, hay racionalidad máxima, hay empresa.

Cuando uno visita un campo de concentración de los nazis, básicamente lo que se ve es una empresa, una fábrica de moler gente. Los hornos crematorios, digamos, que han existido también en nuestro país, son industrialización y son en ese sentido la demostración de que sí ha existido muchísima racionalidad en esto. 

¿Por qué considera tan importante esa reflexión?

Esa reflexión creo es importante si uno logra quitar el imaginario el relato que muchas personas reproducen y logra una reflexión amplia acerca de la irracionalidad de la guerra. Ahí uno puede lograr comprender que la posibilidad de que se ejecuten crímenes como la desaparición forzada con hornos crematorios no es excepcional a la racionalidad, no es excepcional al orden, no es excepcional al Derecho, es incluso combinable con una manera de entender eso. Y en ese sentido se produce la capacidad de verlo de frente y decir: esto es posible.

Parece una cosa como de perogrullo, pero es como cuando las feministas explican que los violadores no son enfermos, son hijos perfectamente normales del patriarcado. En el orden en el que estamos estas cosas son posibles. Así que no esperemos eliminar a los irracionales para que se acabe el problema, sino entendamos que un tipo de relación, un tipo de órdenes, hacen que esto siempre pueda pasar. 

_{Foto: Colprensa - Alvaro Tavera}

¿Qué tipo de transformaciones tienen entonces que tener lugar?

Enfrentar estas cosas no es simplemente una labor de pasado, no es como “firmé el acuerdo de paz y esto no tiene que volver a pasar porque ya se acabó la guerrilla o ya desmovilicé a los paramilitares”. Es una racionalidad empresarial, industrial, de eliminación de los seres humanos que efectivamente está latente ahí.

Eso atraviesa muchísimas reflexiones, por ejemplo alrededor de quien ejecuta esa clase de crímenes. Uno se pregunta sobre el agente que lo comete y pues, igual que en la racionalidad industrial, es una persona que cumple órdenes. Lo pongo en estos términos: en una sociedad donde se enseña a los funcionarios y a los agentes a cumplir órdenes de manera ciega es una sociedad que no puede decir que, el día que alguien ejecute la orden de una desaparición forzada, está cometiendo una irracionalidad o una anomalía.

La única forma de poder evitar ese crimen de manera latente es que los funcionarios puedan decir un día “esto no lo hago. No sólo porque me dieron un curso en el ejército o en la policía, sino porque desde el punto de vista ético o emocional, hay cosas que yo no tengo por qué hacer”. Y fíjate, eso no es plenamente racional. Quiero decir, no es la racionalidad fría, tiene que ver con la ética, con los sentimientos, con las emociones, con la empatía. 

Toda esta carreta que te he dicho es para decir, que yo creo que hoy en día el país después de un acuerdo de paz, necesita que sus funcionarios, sus agentes de policía, sus agentes del ejército, etcétera, sea gente que no cumpla todas las órdenes que les den. Y no sólo ellos, nosotros mismos. Si uno es un trabajador hace absolutamente todo lo que le dice el jefe, ¿cuál es la diferencia de comportamiento ético y de cruzar la raya y la posibilidad de hacer la peor cosa porque a uno se la ordenaron?

Javier Osuna en su libro hace un acercamiento a la desaparición en donde incluye elementos como el paisaje y la memoria. Desde esa triada busca crear una narrativa diferente, ¿cómo ve ese papel del territorio a la hora de aproximarse a estos casos?

Es un poco abstracto. Creo que es importante como un tema de indagación en el arte o la literatura, pero yo ahora mismo estoy un poco alejado de eso. Eso es sí, es interesante, lo importante es que uno haga memoria. Y lo importante es que uno sea capaz de convertir el pasado en insumo para la transformación del presente y de orientación para el futuro ¿Cómo? Hay mil maneras, infinitas maneras, desde formas artísticas más abstractas o más concretas hasta lo que hace un investigador que va y descubre que efectivamente hubo una desaparición forzada y lo cuenta.

_{Foto: Colprensa - Juan Páez}

¿Cómo se ha aproximado usted?

El tema de la memoria es muy amplio. En este momento lo que trabajo es política de memoria y, cuando uno trabaja política de memoria, el protagonismo lo tienen las organizaciones sociales, las víctimas y los familiares. Son ellos los que ponen la agenda. Me atrevo a decir yo ahí no pongo absolutamente nada. 

Los Familiares, las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, tienen unas estrategias y son esas las que mandan, porque es una necesidad vital. La trabajan jurídicamente, la trabajan en encuentros, con conmemoraciones, con actividades artísticas, con actividades simbólicas, de denuncia, de participación. El repertorio no es estático.

Quizás la única cosa que te podría decir que para mí, o para nosotros, es relevante en este momento es apelar a la organización social que enfrenta los crímenes de lesa humanidad en general. Las víctimas individuales por supuesto que tienen una voz fundamental, privilegiada, pero lo que tienen las organizaciones sociales, a partir del intercambio entre familiares o con Defensores de Derechos Humanos o un largo etcétera, es la capacidad de producir y generar una incidencia a otro nivel. Eso también me parece muy importante.

Con estos procesos, ¿hay solución en vida para las familias y amigos de las víctimas de este crimen?

Yo soy abiertamente enemigo de todas esas frases que dicen cosas como “a los desaparecidos los desaparecieron, pero están vivos en nuestros corazones" o “a los asesinados los asesinaron pero siguen vivos en nuestra memoria”. No. A la gente la matan y a la gente la desaparecen y eso no tiene vuelta de hoja. Y precisamente eso es lo que hace no sólo grave sino absolutamente criminal que se ejecuten esas actividades. No hay nada que sustituya a las víctimas en términos concretos y reales. 

La reparación no es el dinero que te puedan dar. Que sea tu derecho no significa que pueda ser una sustitución, es más bien algo que te permite vivir con esa circunstancia con la que tienes que vivir y luchar.  Entiendo que esas frases se pronuncian con un sentido particular y entiendo lo que dicen, pero también me parece que a veces expresan de una manera que yo no comparto la tragedia.

Mencionó ya uno, pero ¿qué otro cambio estructural ve necesario para poder evitar la desaparición forzada? 

Muchos más, pero me quedo con el que te dije: en Colombia se tiene que reflexionar mucho la obediencia ciega.