La respuesta del Gobierno y la FLIP a los allanamientos en Bogotá

El Gobierno y la FLIP se manifestaron frente a lo sucedido ayer en la capital.

El martes 19 de noviembre publicamos en Radiónica una noticia sobre los allanamientos que realizó la Policía en la capital colombiana en 27 diligencias en 15 localidades con el fin de identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad. Esto también con el objetivo de prevenir actos violentos en el paro del 21 de noviembre. 

La nota se centró, sobre todo, en lo sucedido en Cartel Urbano, un medio de comunicación con 15 años de trabajo en periodismo alternativo -aunque también se mencionó el caso del colectivo Puro Veneno-. En esta se hacía un llamado a la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP para que revisaran lo acontecido, al considerar que un organismo con su legitimidad era el indicado para dar insumos y luces para analizar la situación. Cabe resaltar que el operativo fue realizado a varios movimientos sociales, periodistas y artistas.

Como siempre lo ha hecho, la FLIP se manifestó sobre este y sobre el caso de Cerosetenta (la revista digital de la Universidad de los Andes) desde donde se publicó el “Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD”, que luego el Centro Cibernético de la Policía Nacional solicitó eliminar. En Radiónica hacemos eco a lo señalado por las diferentes partes, acudiendo a nuestro servicio como medio público y partiendo del ejercicio periodístico primordial. 

Sobre lo primero, hay que señalar que, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, ​hizo un llamado a la calma, explicando que “si hay autoridades judiciales que hacen allanamiento esto implica que habrá control posterior de legalidad para determinar si hay algún tipo de circunstancia delictiva, explosivos. Ese control es esencial en Colombia”. Además dijo que “el día jueves, más allá de cualquier cosa, debe ser un día de festividad, de tranquilidad y de disfrute para todos los colombianos en el marco de su derecho a la protesta”, 

Asimismo, en entrevista con La W, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que los allanamientos se realizaron con base a informes de inteligencia y que por lo tanto solo buscaban mantener la tranquilidad en el Paro. El Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón​, aseguró que si se hicieron allanamientos fue porque inteligencia tenía las pruebas para realizarlos, también resaltó que en los 27 allanamientos sí se encontraron diferentes elementos y que todos fueron acompañados por la Procuraduría General de la Nación, "en algunos lugares, no en todos, se ha encontrado material explosivo, elementos que sirven para la fabricación de elementos explosivos caseros y alguna que otra información que puede dar lugar al contexto de algunas investigaciones."

Según las autoridades de varios de los centros y viviendas allanadas se incautaron latas de aerosol de pinturas, resorteras, pañoletas, caretas, overoles, un galón de pintura y pasamontañas. De igual forma, se decomisaron siete celulares, un disco duro, una tableta y memorias USB.

Refiriéndose al caso de Cartel Urbano, la FLIP expidió un comunicado en el que señala que “la Policía Nacional está llamada a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Es por esto que, desde el punto de vista de la Fundación, “la justificación para el allanamiento fue insuficiente, el procedimiento no se realizó bajo las garantías de ley y se realizaron acciones que violaron la reserva del archivo y la fuente periodística. Por su lado, el Fiscal aseguró las mencionadas labores de inteligencia se venían desarrollando desde antes y que no tenían nada que ver con las manifestaciones del 21 de noviembre. 

Luego de alrededor de tres horas de allanamiento, la Policía no encontró nada en la sede del medio, por lo que la FLIP llamó la atención, argumentando que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan una vara muy alta en lo que respecta a la “incitación a la violencia”. Por lo mismo se requiere de “una prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que se tiene la clara intención y capacidad de promover la violencia y que no se busca simplemente emitir una información u opinión, por más chocante o molesta que sea”.

Sobre el segundo asunto, la Fundación rechazó la solicitud que hizo el Centro Cibernético de la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta para que eliminara de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD”, al considerar que esto buscaba ocultar información de interés público y que cuenta con especial protección constitucional.

El manual contenía diversas recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el ESMAD durante las manifestaciones. La Policía hizo su solicitud de eliminarla al considerar que incitaba un “carácter violento al derecho de la manifestación”. Además, aseguró que las cifras publicadas no son oficiales y que, al estar relacionadas con delitos graves, lo que hacían era calumniar el nombre de la Policía Nacional.

Por su parte, la FLIP respondió que, según la jurisprudencia constitucional, “en caso de que existan reparos por supuesta información errónea o inexacta es procedente una solicitud de rectificación y no de eliminación”. Además, también indicó que la ley no exige que un contenido se realice con base en información confirmada por cifras oficiales, pues esto significa buscar controlarlo antes de su publicación. Algo que puede dificultar denuncias constituidas por cifras no oficiales. Cerosetenta justificó diciendo que estas habían sido extraídas de un informe de la ONG temblores

Además, la Fundación dijo que el contenido no incitaba a la violencia, de acuerdo con los estándares interamericanos, y solo buscaba “garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y tratar asuntos de interés público”

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